COMISIÓN ENCUBIERTA

“Las inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires están cobrando precios desmesurados para tramitar los informes de las garantías y certificar los contratos ante escribano público” denuncia, en un comunicado de prensa,  la organización Inquilinos Agrupados que sostiene que con esta medida intentan “recuperar el dinero que perdieron por el cobro de comisiones ilegales”.

El 6 de mayo pasado la medida cautelar del juez Marcelo Segón, ratificó la vigencia del artículo 57 de la Ley 2340 y dejó sin efecto la resolución del Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA) que permitía el cobro de dos meses de comisión. En la medida que mayoría de las inmobiliarias porteñas comenzaron a adecuarse a la normativa vigente, también comenzaron a “buscar nuevos artilugios para compensar la pérdida económica”, señala Inquilinos Agrupados.

Uno de los requisitos que exigen las inmobiliarias para alquilar una vivienda, desde hace años, es que los inquilinos paguen los “gastos” de la operación. Con eso se refieren a los honorarios del escribano público para certificar las firmas en el contrato de locación y al valor del informe de la garantía. Este informe, que se obtienen en el Registro de la Propiedad Inmueble, tiene un valor de $210 para el trámite lento (tiene cuatro días de demora) o $420 para el trámite rápido (que se hace en el día). En tanto, los honorarios del escribano público ascienden a $350 por cada firma certificada. Esto último, tomando el valor que fija el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Suponiendo que un contrato tenga 3 firmas (locador, locatario y garante) y que se realice el trámite lento de averiguación de la garantía, los “gastos” representan $1260. Lo que observamos a partir del fallo del juez Segón es que muchas inmobiliarias que cobran el 4,15% de comisión, piden sobreprecios desmesurados para hacer esos trámites. Mayormente piden 5 o 6 mil pesos e incluso, recibimos casos de más de 10 mil.

Al respecto, Inquilinos Agrupados, comunicó que hará una nueva presentación en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para “denunciar esta situación y para presentar las evidencias correspondientes”.