CAUTELAR PARA FRENAR EL PASEO DEL BAJO

La Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), que dirige la ex legisladora  María José Lubertino, interpuso una acción de amparo colectiva contra el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura porteña con el fin de que se declare inconstitucional la ley que promueve la zonificación de áreas que serán destinadas a la construcción del Paseo del Bajo y autoriza, para financiar dicha obra, la venta de tierras públicas del predio Catalinas Norte II.

La ley 5796, impulsada por el Ejecutivo de la Ciudad  y aprobada por la Legislatura porteña el 9 de marzo pasado con 42 votos a favor y 12 en contra, habilita un convenio entre el Gobierno de la Ciudad, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Ministerio de Transporte de la Nación y propicia la venta y zonificación de tierras públicas.

Una vez conocida la sanción de esta Ley, la directora de la ACDH, denunció: “Con esta aprobación se habilita la venta tierra pública sin autorización del Congreso Nacional para impulsar la construcción de grandes torres y para beneficiar la especulación inmobiliaria”. Y advirtió que la venta de tierras públicas se utilizará “para financiar, conjuntamente con la toma de deuda pública, la obra del Paseo del Bajo que es un proyecto altamente cuestionado técnicamente y una solución innecesaria frente a diversas alternativas muchísimos menos costosas”, criticando así, el elevado costo del  proyecto, aseverando que existen opciones más económicas y sustentables.

Otros de los puntos conflictivos donde hace hincapié, la ex legisladora, es en la adjudicación de la obra. En este sentido, vale mencionar que la mayor parte será ejecutada por la empresa IECSA -hasta hace un mes, propiedad de Angelo Calcaterra, primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri-, sobre quien  pesan acusaciones sobre pagos de coimas.

Según Lubertino el proyecto del Paseo del Bajo, implicará “dar ocho carriles exclusivos a autos y cuatro a ómnibus y camiones en lugar de utilizar formas de transporte fluvial o ferroviario para comunicar el norte y el sur”.  Y agregó que: “viola la Constitución de la Ciudad y contradice el Plan Urbano Ambiental y el Plan de Prevención de Cambio Climático en la Ciudad”, esto por cuanto su puesta en marcha implica pérdida de espacios verdes en la Ciudad.

El proyecto  oficialista, sancionado por el Parlamento porteño, implica la venta de casi 92 mil metros cuadrados de tierras ferroviarias en el barrio de Retiro. Medida que  fue habilitada por el Ejecutivo Nacional a través del decreto 1173/2016 con el objetivo de completar el financiamiento de la obra del Paseo del Bajo. Los terrenos vendidos serán dedicados a un proyecto inmobiliario privado que incluirá la construcción de oficinas y viviendas de lujo.

En tanto que la venta de las tierras públicas del predio de Catalinas Norte II, fue propuesta por Horacio Rodríguez Larreta, a cargo del Ejecutivo porteño, como parte de la urbanización de la Villa 31 y el desvío de la traza de la Autopista Illia. En este sentido, el Paseo del Bajo comunicará a la Illia con la Autopista Buenos Aires La Plata y bordeará la zona donde se hará el proyecto inmobiliario privado.

En la medida judicial presentada por la ACDH se solicita la restitución de las tierras públicas del predio Catalinas Norte II y se pide que se adopte una medida cautelar de “prohibición de innovar” que frene las obras.  Esta acción de amparo se hace extensiva, también, a todas las normativas nacionales y locales dispuestas en el marco de la realización de la obra en cuestión.