Esta mañana un edificio del barrio porteño de Villa Urquiza comenzó a ser demolido con sus habitantes adentro. Sin previo aviso, los obreros de una empresa, custodiados por la Policía Metropolitana, derribaron parte de una pared de la planta baja, donde funcionaba un centro de jubilados.
«Nos asustamos cuando escuchamos los ruidos de las máquinas. No entendíamos nada hasta que nos dimos cuenta que nos estaban tirando abajo las paredes de la planta baja», dijo Mercedes Medina, al relatar la dramática mañana que pasó con el resto de las familias que viven en Holmberg 2858.
La mujer relató que «obreros de una empresa se presentaron con la policía y empezaron a demoler las paredes de la planta baja del edificio donde, en el primero y segundo piso, vivimos nueve familias».
«Adentro temblaba todo y se rompieron los vidrios», sostuvo asustada Medina, que hablaba mientras sus vecinas asentían lo que decía, a metros del cordón de Infantería de la Policía Metropolitana plantado de espaldas al edificio.
Los vecinos se defendieron arrojando «baldasos de agua a los que ejecutaban el insólito operativo», señaló la mujer.
«Lo hicimos para frenar la obra, por miedo», subrayó Marcelina Frutos, una vecina que cruzó la calle para solidarizarse con los habitantes del edificio de Holmberg 2858, una de las tantas propiedades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afectadas por las obras del Ministerio de Desarrollo Urbano para construir el Barrio Parque previsto sobre Donado y Holmberg, entre Avenida Congreso y Carbajal.
Según el mismo gobierno porteño, ese emprendimiento inmobiliario «recupera y revitaliza el espacio de la traza de la ex autopista (AU3), revirtiendo una situación que afecta a 600 familias», y permite el desarrollo social, cultural y económico de una zona de la Ciudad relegada por mucho tiempo».
«Relegados son estas familias, que viven en este barrio hace tantos años. Nosotros, la agrupación del PJ que tenia un centro de jubilados y talleres para chicos en la planta baja del edificio, nos fuimos cuando nos llegó la carta del gobierno porteño, sin saber que con la gente adentro iban a empezar a derribar las paredes», dijo Fernando, uno de los militantes que trabajaban en el espacio.
Según los vecinos, el edificio lo ocupan nueve familias, algunas de las cuales ya fueron reubicadas en el marco de ese plan del Ejecutivo local para «modernizar» la zona.
«Creemos que nos quieren sacar de encima. Desde que el centro de jubilados se fue, el espacio comenzó a ser merodeado por barras de All Boys y gente que vendía droga. Después vino Desarrollo Urbano a decirnos que no quieren que intrusen el edificio. Con esa excusa vinieron hoy a demolernos con nosotros adentro», denunció Medina.
En tanto, el abogado de las familias, Carlos Gustavo López, dijo «les vinieron a tirar las paredes de la planta baja sin aviso previo», y aseguró que «se puso en riesgo la estructura de un edificio que es antiguo donde hay gente viviendo».
«Hay una especie de capricho o de provocación que no entendemos. Esto debió arreglarse con una reunión con las familias que viven en el edificio. La gente acá quiere colaborar, pero necesitamos que el gobierno porteño respete el estado de derecho», sostuvo el abogado.
Un candidato a comunero del Partido Obrero, Mario Diamonte, dijo «este hecho es un avasallamiento que por suerte los vecinos pudieron frenar. Lo hicieron con agua, como pudieron, pero lo frenaron. Esto no fue casual, quieren avanzar sobre los espacios sin ningún miramiento».
El centro barrial de jubilados, en el que también unos 30 chicos practicaban karate, taekwondo y asistían a apoyo escolar, dejó de existir de un día para el otro.
«La acción del gobierno porteño buscó tanto desalojar el centro como debilitar la estructura del inmueble para forzar a sus habitantes a marcharse», coincidieron vecinos y militantes sociales.